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COMUNICADOS

Cambio de Sede
A partir del día Lunes 28 de Mayo de 2018 Pérez Chaparro Abogados prestará sus servicios desde la nueva sede ubicada en la Carrera 43C No. 21 - 37 barrio El Buque / Villavicencio.
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Y cesó la horrible noche...
 Hace 34 años hubo un grito que cautivó a la mayoría del país. El ‘sí se puede‘ de Belisario Betancur fue la primera ilusión de que la paz con las FARC era posible. Este 26 de septiembre hubo un grito que se impuso en Cartagena, la nueva capital de la paz. ‘Sí se pudo, sí se pudo‘.
 
Tomado de Revista Semana
Temas de interés en licenciamiento de proyectos
En lo corrido del año se han presentado interesantes pronunciamientos respecto del tema de licencias de construcción: Mediante Sentencia C-192 del 20 de abril de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), la Corte Constitucional se pronunció respecto de los Artículos 23 y 24 de la Ley 1617 de 2013 (régimen para los Distritos Especiales), declarando inexequibles las expresiones “en materia de usos de suelos” y “en materia de uso del suelo, salvo aquellos que hubieren sido declarados como Unidades de Actuación Urbanística y hubiesen sido incluidos en el Plan de Ordenamiento Distrital”, contenidas en tales artículos. Lo anterior, tras considerar que la institución de los derechos adquiridos solamente se aplica en el derecho privado, pues en el derecho público la doctrina y la jurisprudencia consideran que es más apropiado hablar de situaciones jurídicas consolidadas; tratándose del uso del suelo, donde la dinámica propia del Estado obliga al legislador a modificar la normatividad en aras de lograr el bienestar de la colectividad en general; en caso contrato se genera un desequilibrio que afecta el interés común del municipio, obstaculizando la actividad urbanística y el desarrollo de objetivos del mismo orden, contenidos en los POT, e indicó que en los procesos sancionatorios y licenciamientos urbanísticos, de conformidad con la Constitución, deben aplicarse de preferencia las regulaciones vigentes en materia de uso del suelo, sin que a ellos pueda oponerse derechos de particulares adquiridos con anterioridad a la citada Ley.
Por su parte, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio mediante la expedición del Decreto 1197 del 21 de julio de 2016, modificatorio del Decreto 1077 del 2015 (único reglamentario del sector vivienda), ajustó el régimen de licencias urbanísticas, disponiendo que en los casos en que no se hayan culminado las obras correspondientes a construcción y/o dotación de las zonas de cesión pública y haya vencido el plazo de la licencia de parcelación, de prórroga o de revalidación según el caso, cuando las obras faltantes por ejecutar no superen el 20% del área total de las cesiones definidas para la respectiva parcelación, se podrá solicitar una nueva licencia para saneamiento de cesiones. La norma en lo referente al tipo de solicitud de licencia, establece que para el caso de ampliación, la edificación que incremente el área construida podrá aprobarse contigua o aislada de la construcción existente, pero en todo caso la sumatoria de ambas áreas deberá circunscribirse al potencial de construcción permitido para el predio o predios objeto de licencia, y respecto de los titulares de las licencias de urbanización, parcelación, subdivisión y construcción, vigencias y prórrogas, también hizo algunos ajustes.
Así mismo, la Sección Cuarta del Consejo de Estado en Sentencia 25000232700020110031801 (20005) del 19 de mayo de 2016 (CP Hugo Fernando Bastidas Bárcenas), manifestó que los únicos sujetos pasivos del impuesto de delineación urbana no son los propietarios de bienes respecto de los cuales se solicita licencia de construcción, sino que esta obligación también puede recaer en los fideicomitentes, pues si los fideicomitentes pueden solicitar las licencias de construcción, también pueden declarar y pagar el impuesto; requisito obligatorio para obtener la licencia de construcción, concluyendo que el hecho de negar al fideicomitente el derecho de cumplir la obligación de declarar y pagar el impuesto, sería tanto como prohibirle que cumpla el requisito que exige la ley para poder obtener la licencia de construcción, lo que iría en contra del efecto útil que deben tener las normas.
En lo corrido del año se han presentado interesantes pronunciamientos respecto del tema de licencias de construcción: Mediante Sentencia C-192 del 20 de abril de 2016 (MP Gabriel Eduardo Mendoza Martelo), la Corte Constitucional se pronunció respecto de los Artículos 23 y 24 de la Ley 1617 de 2013 (régimen para los Distritos Especiales), declarando inexequibles las expresiones “en materia de usos de suelos” y “en materia de uso del suelo, salvo aquellos que hubieren sido declarados como Unidades de Actuación Urbanística y hubiesen sido incluidos en el Plan de Ordenamiento Distrital”, contenidas en tales artículos. Lo anterior, tras considerar que la institución de los derechos adquiridos solamente se aplica en el derecho privado, pues en el derecho público la doctrina y la jurisprudencia consideran que es más apropiado hablar de situaciones jurídicas consolidadas; tratándose del uso del suelo, donde la dinámica propia del Estado obliga al legislador a modificar la normatividad en aras de lograr el bienestar de la colectividad en general; en caso contrato se genera un desequilibrio que afecta el interés común del municipio, obstaculizando la actividad urbanística y el desarrollo de objetivos del mismo orden, contenidos en los POT, e indicó que en los procesos sancionatorios y licenciamientos urbanísticos, de conformidad con la Constitución, deben aplicarse de preferencia las regulaciones vigentes en materia de uso del suelo, sin que a ellos pueda oponerse derechos de particulares adquiridos con anterioridad a la citada Ley.
TOMADO DEL BOLETÍN JURÍDICO GRUPO BANCOLOMBIA

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